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El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas está profundamente preocupado por el tratamiento que las fuerzas de seguridad del Ecuador han dado a las manifestaciones públicas y pacificas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en protesta por la eliminación de los subsidios al diésel y el aumento del costo de vida. El estado de excepción declarado por el Gobierno ha restringido las libertades de asociación, de reunión, y de tránsito.
El 22 de septiembre, las manifestaciones pacíficas, especialmente en la provincia de Imbabura, fueron tratadas mediante el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad. Al menos 13 miembros del pueblo Kichwa Otavalo fueron detenidos por supuestos delitos relacionados con el terrorismo. Las organizaciones Indígenas denuncian de detenciones arbitrarias, violaciones del derecho al debido proceso, malos tratos durante la custodia y traslados a centros de detención sin las debidas garantías de seguridad para la integridad de los detenidos y persecución a los defensores de dichos detenidos.
El 24 de septiembre, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) ordenó el cierre durante quince días de TV MICC, el canal del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que es una plataforma vital para las comunicaciones públicas de los Pueblos Indígenas, para las voces diversas y el diálogo público equilibrado.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reafirma el derecho de los Pueblos Indígenas a la participación política, la libertad de expresión y de reunión (artículos 5, 16 y 18). La Declaración Universal de Derechos Humanos también protege el derecho a la reunión y asociación pacíficas. Criminalizar a los Pueblos Indígenas contraviene la Constitución del Ecuador y las normas internacionales de derechos humanos. El Gobierno debe abordar las causas subyacentes del conflicto y garantizar una solución pacífica con la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas.
El Foro Permanente insta al Gobierno del Ecuador a:
- Defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación de los Pueblos Indígenas, incluido el pleno respeto del debido proceso, el ejercicio de los derechos colectivos y el derecho a la protesta pacífica.
- Garantizar que todas las personas detenidas, y en particular las 13 personas Kichwa Otavalo, cuenten con el pleno acceso al debido proceso, a la representación legal, al contacto con sus familias, a la interpretación y a la atención médica adecuada, y que se detengan todos los actos de persecución.
- Investigar de manera pronta e imparcial todas las denuncias de violencia, detención arbitraria y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, y garantizar la rendición de cuentas.
- Entablar un diálogo constructivo y genuino con los Pueblos Indígenas y sus representantes para atender las preocupaciones legítimas mediante soluciones pacíficas e inclusivas basadas en los derechos.
Lea la declaración completa aquí.
